El precandidato a la Prefectura de Manabí por el movimiento Sí Podemos, Jaime Estrada Medranda, denunció el viernes 4 de septiembre que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas, una medida que, según dijo, «no tiene fundamento legal».
En un video difundido en sus redes sociales, Estrada explicó que su candidatura ya había sido impugnada por varias vías ante el organismo electoral, a instancias del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). Aseguró que, poco después, sus cuentas fueron congeladas como una medida «amedrentadora», orientada a hacerlo «doblegar en su derecho de participación».
Estrada ejerció como asambleísta hasta el 25 de agosto pasado y militó durante ese tiempo en las filas de la Revolución Ciudadana (RC). Actualmente aspira a la Prefectura de Manabí con el respaldo de Sí Podemos, organización local aliada del correísmo que lo inscribió bajo la lista 72.
Su candidatura surge justamente en medio del impedimento que enfrenta Luisa González para postularse a la misma prefectura por Pachakutik, cuyo trámite de inscripción también fue impugnado por ADN y por CREO, el movimiento que lidera el expresidente Guillermo Lasso. González es una de las figuras más visibles del correísmo, corriente cuyos candidatos han debido buscar respaldo en otras organizaciones políticas después de que la propia Revolución Ciudadana fuera suspendida en marzo por un juez electoral, a pedido de la Fiscalía. Ese organismo investiga a González, al expresidente Rafael Correa y a otros miembros del movimiento por presunta delincuencia organizada, ante la sospecha de que se habría canalizado dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.
El de Estrada es, al menos, el segundo caso de este tipo denunciado públicamente en menos de una semana. El 1 de septiembre, el precandidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC), Andrés Roche, había reportado el congelamiento de las cuentas de sus empresas y de sus representantes legales, ocurrido, según dijo, «sin motivo legal alguno». Roche calificó esa medida como «un atentado contra la democracia, la Constitución, la ley y la ética». Con información de Ecuavisa.
