En distintos puntos de Ecuador, niños y adolescentes crecen rodeados del consumo de drogas, el microtráfico y la presencia activa de estructuras criminales en sus propios barrios. Especialistas advierten que la escasez de oportunidades y la vulnerabilidad social hacen que esta población sea un blanco fácil para las bandas que buscan captar nuevos integrantes.
En zonas urbano-marginales de Guayaquil, hay adolescentes y jóvenes que, a causa del consumo de drogas, terminan en las calles y se alejan por completo de sus familias. El médico especialista en adicciones Rómulo Bermeo recorre habitualmente esos sectores para atender a personas con cuadros de consumo crítico, y advierte que la dependencia a las drogas incrementa la exposición de estas personas frente a quienes manejan el microtráfico, ya que muchos consumidores terminan siendo reclutados como expendedores.
La situación se vuelve más grave cuando se trata de menores de edad. Un adolescente que ya consume sustancias puede necesitar dinero para sostener su adicción, y es justamente en ese punto donde una organización criminal encuentra la oportunidad de ofrecerle recursos económicos, droga o pequeños encargos, transformando esa necesidad en una vía de captación.
Las cifras reflejan la magnitud del problema: desde 2025, 890 niños y adolescentes han sido asesinados en el país, y la provincia del Guayas concentra cerca de la mitad de esos casos, principalmente en Guayaquil, Durán y Samborondón. Solo en lo que va de 2026 han sido detenidos 2 106 adolescentes —el 90 % de ellos hombres— por delitos como tráfico de drogas, tenencia de armas, robos, asesinatos, secuestros y extorsión; de esas detenciones, 91 ocurrieron dentro de establecimientos educativos. A esto se suman 91 suicidios de menores registrados durante este año.
Un estudio realizado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado en junio de 2025, que encuestó a 2 948 adolescentes de entre 12 y 17 años en nueve ciudades del país, encontró que más de la mitad de ellos reconoce la presencia de grupos criminales en su barrio, y un 8 % admitió pertenecer a uno. En Esmeraldas, el 40 % de los encuestados dijo tener algún familiar vinculado a una organización criminal. El psicólogo Antonio Rimassa explica que en comunidades marcadas por la pobreza extrema y la falta de oportunidades, los referentes que terminan teniendo los menores pueden ser integrantes de una banda, y que las redes sociales se han convertido también en una herramienta usada para el reclutamiento. A este panorama se suma que cerca de 500 000 jóvenes de entre 15 y 24 años ni estudian ni trabajan, y que más de 250 000 están completamente fuera del sistema educativo.
Tanto Bermeo como Rimassa coinciden en que la prevención debe comenzar desde la niñez, antes de que exista cualquier contacto con las drogas o con las bandas, y que ese trabajo debe reforzarse dentro de las escuelas. Los padres de familia, señalan, son la primera línea de alerta ante cambios de conducta, aislamiento, abandono escolar o la aparición de dinero que no tiene una explicación clara. El riesgo es todavía mayor en las zonas costeras, fronterizas y urbano-marginales que son utilizadas como corredores para el tráfico de cocaína. «La prevención es la vacuna contra las drogas», sostiene Bermeo, quien además pide que se ofrezca capacitación y empleo a quienes logran salir del consumo.
Con información de Ecuavisa.
