El expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo, Jacobo Bucaram, fueron sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por el delito de delincuencia organizada, en calidad de colaboradores, en un caso relacionado con la venta irregular de pruebas para detectar covid-19 y otros insumos médicos en 2020. El tribunal también ordenó a ambos el pago de 20 salarios básicos unificados, es decir, USD 9 640.
En la misma causa, Leandro Berrones fue sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión, en calidad de autor directo del delito, mientras que el ciudadano israelí Sheinman Oren fue condenado a dos años y 8 meses de cárcel, al ser considerado cooperador eficaz.
La lectura de la sentencia finalmente se concretó al séptimo intento, este miércoles 9 de septiembre, luego de seis audiencias que no pudieron instalarse. El expresidente participó en la diligencia de manera telemática desde la Clínica Borja, en la ciudadela Kennedy Norte, en Guayaquil, casa de salud que permanece bajo resguardo policial. Bucaram siguió la audiencia desde una camilla y conectado a un respirador, acompañado por agentes de la Policía Nacional, sus abogados y familiares, entre ellos su esposa, María Rosa Pulley. Jacobo Bucaram también participó de manera telemática.
La Fiscalía General del Estado (FGE) había acusado a los Bucaram, Berrones y Oren de «colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21 000 pruebas para la detección de covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria». De acuerdo con las investigaciones, dos israelíes, uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras. Jacobo Bucaram pagó 321 600 dólares en efectivo por esta mercadería, de acuerdo con el testimonio que dio el extranjero antes de ser asesinado y que fue citado por la Fiscalía durante el juicio. La FGE también señaló que algunos de los implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para movilizarse.
En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, testificaron en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022. Otros dos agentes de tránsito, que eran escoltas de seguridad presidencial, ya fueron sentenciados por este caso y recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados.
Con información de Ecuavisa.
