El incendio de un depósito de trasteros en un sótano del distrito madrileño de Arganzuela, donde en la noche del 30 de agosto murió un repartidor bangladesí de 26 años, encendió las alarmas sobre la seguridad de las baterías de litio. Pero el hecho también dejó al descubierto una realidad que suele quedar oculta detrás de las entregas a domicilio en España.
Carlos Sola, responsable de Nuevas Realidades del Trabajo de Comisiones Obreras, relató que ese sótano funcionaba como un punto donde se cargaban bicicletas eléctricas, se alquilaban a repartidores e incluso algunos de ellos pernoctaban en el lugar. Según Sola, el episodio refleja de manera extrema la precariedad que aún persiste en el reparto a domicilio, a pesar de la norma que reconoce la presunción de laboralidad para quienes trabajan bajo el control de las plataformas digitales. Muchos de los ciclistas que circulan por Madrid son migrantes recién llegados que todavía no cuentan con permiso de trabajo y dependen de una cuenta alquilada para poder ingresar al sector; el dirigente sindical calcula que entre el 70 % y el 80 % de las cuentas utilizadas por los repartidores en la capital española son de este tipo.
Ronny, un ciudadano venezolano que vivió siete años en Ecuador —en Manta, ciudad a la que llegó en 2017— y que actualmente reparte pedidos en Madrid, contó que un conocido le prestó el acceso a una cuenta de una aplicación de delivery para poder empezar a trabajar. Cuando se cumplió el primer mes y llegó el momento de cobrar, el dueño de esa cuenta lo bloqueó y jamás le pagó lo trabajado. Con una segunda cuenta alquilada logró mantenerse siete meses más, esta vez sí recibiendo pago, aunque el titular retenía el 20 % de unos ingresos mensuales cercanos a los 1 200 euros, presentando ese descuento como el costo de una supuesta «ayuda».
Desde que accedió a una autorización temporal de trabajo gracias a la regularización extraordinaria de 2026, Ronny cuenta con un contrato en una empresa que gestiona repartidores para las plataformas y percibe 1 200 euros al mes por 30 horas semanales, además de incentivos de hasta 150 euros si cumple determinados objetivos. Sigue pedaleando pese al calor extremo del verano madrileño —que en algún momento le hizo temer un desmayo— y a un accidente que él mismo atribuye al estrés y a las altas temperaturas.
Comisiones Obreras estima que entre 30 000 y 35 000 repartidores trabajan, de forma directa o indirecta, para las grandes plataformas de reparto en España. La conocida como ley rider, en vigor desde 2021, incorporó la presunción de laboralidad para quienes prestan servicios a través de plataformas digitales, y las principales empresas han ido adaptando sus modelos a ritmos distintos, aunque la negociación de un convenio colectivo específico para el sector sigue estancada. Mientras tanto, repartidores sin papeles —entre ellos migrantes ecuatorianos que prefieren no revelar su identidad por temor a perder su única fuente de ingresos, como uno de los consultados para este reportaje, que pidió expresamente no ser identificado— continúan trabajando bajo cuentas e identidades que no les pertenecen.
Con información de Primicias.
