La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional aprobó, con seis votos afirmativos, el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Inquilinato. La iniciativa busca modernizar el marco regulatorio de los contratos de arrendamiento y equilibrar las obligaciones y los derechos entre arrendadores y arrendatarios.
El documento será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea incorporado en el orden del día de una de las sesiones del Pleno previstas para la próxima semana.
Entre los cambios propuestos consta la actualización de las causales de terminación de los contratos y nuevos parámetros para formalizar los acuerdos de arrendamiento, a través de registros administrativos simplificados que otorguen mayor certeza jurídica a las partes.
La propuesta se sustenta en cinco ejes: seguridad jurídica, con contratos escritos y reglas claras sobre garantías; protección del arrendatario, que contempla vivienda digna, devolución de garantías y protección frente a abusos; protección del arrendador, con normas claras para la restitución del inmueble; modernización del sector, mediante contratos y notificaciones electrónicas y la simplificación de procedimientos; y acceso a la vivienda.
En el ámbito procesal, el proyecto plantea reducir los tiempos de resolución de los juicios de desahucio y de otras controversias derivadas de los contratos de arrendamiento, además de establecer mecanismos más ágiles para la devolución de los depósitos de garantía y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con ello se busca disminuir la carga procesal del sistema judicial y promover vías alternativas de solución de conflictos, como la mediación.
Con información de Ecuavisa.
