Figuras conocidas y otras menos visibles empezaron a quedar definitivamente descartadas de la papeleta electoral con la que, el 29 de noviembre, el país elegirá a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
La tarde y noche del 5 de septiembre, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió varias sentencias que ratificaron la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no admitir determinadas candidaturas por incumplimiento de requisitos. Se trata de fallos de última instancia: más allá de los recursos horizontales de aclaración y ampliación que aún pueden presentar los afectados, el fondo de las decisiones ya no cambiará.
Entre quienes no aparecerán en la papeleta de noviembre está la actual consejera Nicole Bonifaz, que llegó incluso a presidir el organismo. Según el argumento con el que se descalificó su candidatura, no presentó documentos que respalden su trabajo con organizaciones sociales, su participación ciudadana y el reconocido prestigio que certifique su compromiso con la defensa del interés social. Tras dejar la presidencia del Cpccs, Bonifaz se convirtió en una de las voces más críticas de las decisiones del organismo, hoy encabezado por Andrés Fantoni, quien sí tiene asegurada su candidatura a la reelección.
Unl�situación parecida enfrenta la consejera Piedad Cuarán, también crítica del actual Cpccs, cuya postulación fue negada por el CNE y esa negativa quedó ratificada el 5 de septiembre por el TCE. Según la sentencia, aunque Cuarán presentó documentación verificable, existe un certificado de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) que en realidad correspondería a otra persona, lo que anula su candidatura. Sigue pendiente, en cambio, la apelación del consejero David Rosero, quien además enfrenta un juicio político que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó también el 5 de septiembre.
Otro de los postulantes descartados es el abogado Ramiro García, defensor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en varios procesos judiciales. Su candidatura recibió cinco reclamos; uno de ellos, por una investigación previa abierta en su contra en la Fiscalía, fue desechado porque esa circunstancia no constituye una prohibición legal. Lo que no pudo desvirtuar es que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central hasta agosto de 2024 y que, al momento de inscribirse, habían transcurrido apenas 22 meses desde su salida del cargo, cuando el reglamento exige un mínimo de 30 meses fuera de la función pública para poder candidatizarse.
También quedaron fuera de la contienda el activista político Óscar Ayerve, Víctor Erazo, Dayanna Santamaría y Orlando Maffares, cuyos casos ya fueron resueltos por el TCE. Continúan pendientes de resolución los reclamos del exsindicalista petrolero y activista por los derechos de los jubilados Henry Llanes; la abogada y activista Mónica Jaramillo; y la exconsejera del Cpccs Ibeth Estupiñán, destituida en 2023 por la Corte Constitucional. Una de las pocas resoluciones favorables la obtuvo el abogado Henry Ramón Marzano, a quien el CNE había descalificado por no presentar su hoja de vida, pero los jueces electorales determinaron que sí cumplió con ese y con todos los demás requisitos.
Con información de Primicias.
