Entre enero y agosto de 2026, el gasto registrado en el Presupuesto General del Estado (PGE) de Ecuador alcanzó USD 18.849 millones, un incremento de USD 1.717 millones, equivalente al 10%, frente al mismo período de 2025. El PGE es el documento donde se contabilizan mensualmente los ingresos del país —como impuestos, tasas y exportaciones petroleras— y los desembolsos que realiza, entre ellos la compra de insumos y medicinas para hospitales públicos, el pago de servicios básicos de las entidades estatales y los sueldos de empleados como profesores, médicos, policías, militares y personal administrativo.
El rubro más alto del Presupuesto sigue siendo el pago de salarios de la burocracia: entre enero y agosto se destinaron USD 6.431 millones a este concepto, poco más de un tercio del gasto público total del período. Aun así, el Gobierno de Daniel Noboa logró reducirlo levemente, en USD 107 millones (2% menos que en 2025), dentro de una estrategia de achicamiento del Estado que incluyó, en junio de 2026, la fusión de siete ministerios, con lo cual el país quedó con apenas 10 carteras de Estado. El economista Juan Carlos Salvador, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, advierte sin embargo que el Gobierno incrementó el gasto en contratación de personal temporal para proyectos de inversión, que pasó de USD 198 millones entre enero y agosto de 2025 a USD 326 millones en igual lapso de 2026.
El segundo gasto más importante es el de transferencias y donaciones corrientes, que sumó USD 4.204 millones hasta agosto de 2026, USD 429 millones más (11%) que en el mismo período de 2025. Dentro de esta cuenta, el componente de mayor peso es el aporte del 40% que el Estado entrega a las pensiones de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que subió de USD 1.548 millones a USD 1.881 millones entre ambos períodos, aunque Salvador señala que persisten atrasos como en años anteriores. La misma cuenta agrupa bonos para población vulnerable, como el Bono de Desarrollo Humano, y otras subvenciones, entre ellas la compensación a transportistas por el alza de los combustibles, que creció USD 132 millones frente al año anterior.
Para Salvador, el dato más preocupante de la ejecución presupuestaria es el alza sostenida en el pago de intereses de la deuda pública interna y externa, el tercer rubro con mayor peso, que sumó USD 3.256 millones entre enero y agosto de 2026, un incremento de USD 432 millones (15%) frente a igual período de 2025. Según el economista, esta tendencia refleja una fuerte presión de deuda de corto plazo que reduce el margen del Gobierno para atender otras necesidades de la población.
En materia de inversión, el Estado gastó USD 148 millones en obra pública entre enero y agosto de 2026, apenas el 0,78% del gasto total del período, pero ese monto más que duplicó los USD 72 millones destinados a este rubro en igual lapso de 2025, impulsado sobre todo por los mayores ingresos petroleros. Salvador destaca que, de sostenerse esa tendencia hasta fin de año, se rompería una racha a la baja en la obra pública que se mantenía desde 2014. El gasto en bienes de larga duración, también catalogado como inversión, creció 67%, impulsado principalmente por la compra de maquinaria, equipos y vehículos, y por procesos de expropiación de terrenos.
Con información de Primicias.
