La Fiscalía General del Estado amplió la investigación del caso conocido como ‘Blindado’ al vincular a siete nuevas personas —la mayoría de ellas jueces— y a tres empresas, por su presunta participación en una red de lavado de activos. La jueza nacional Daniella Camacho dictó las medidas cautelares en contra de los nuevos procesados el 2 de septiembre de 2026. Entre los implicados figuran exjueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas y un magistrado de la Sala Multicompetente de Atacames.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían actuado como coautores de una presunta estructura dedicada al lavado de activos, la cual se habría valido de fallos judiciales para beneficiar a compañías vinculadas con el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís.
Como medidas cautelares, la jueza a cargo del caso ordenó a los siete nuevos vinculados la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia, conocido como grillete. Para las tres empresas incorporadas al proceso se dispuso la intervención de la Superintendencia de Compañías, a pedido de la Fiscalía, que también solicitó —y logró— la retención de cuentas bancarias por un monto de hasta USD 380 000.
La Fiscalía sostiene que los procesados habrían operado de forma conjunta y coordinada junto a servidores públicos, familiares y particulares, sirviéndose de estructuras estatales y empresariales, compañías, un consorcio y empresas de fachada. Esto habría configurado un presunto delito de lavado de activos con fines de cohecho y prevaricato, a través del ingreso injustificado y atípico de cerca de USD 9 millones a distintas cuentas. Esa cifra corresponde a la suma de indemnizaciones reconocidas como reparación económica en el marco de acciones de protección resueltas por valores millonarios.
El ente investigador revisa al menos seis procesos judiciales en los que empresas ligadas a Villacís habrían logrado fallos a su favor. En uno de ellos, se ordenó a Petroecuador pagar USD 2 millones a una empresa privada esmeraldeña, decisión en la que participaron los jueces Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre, hoy procesados. En otro expediente, el juez Simón Bolívar Moreno aceptó en primera instancia una acción de protección —después ratificada por los magistrados Genaro Reinoso y Juan Francisco Morales— que obligó a Petroecuador a pagar USD 680 000 y a devolver cuatro vehículos a otra compañía privada. La Fiscalía identificó, además, otras dos resoluciones judiciales que habrían derivado en pagos de USD 555 000 y USD 1,1 millones a cargo de la petrolera estatal.
Durante la audiencia en la que se formalizó la vinculación de los nuevos procesados, la Fiscalía pidió prisión preventiva para tres de ellos —los jueces Carlos Aguirre y Simón Moreno, y el ciudadano Iván S.—, pedido que la jueza no acogió, por lo que el Ministerio Público anunció que apelará esa decisión. Para los jueces Genaro Reinoso, Juan Francisco Morales, Juan Jaramillo y Luis Otoya, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario con vigilancia electrónica, en consideración a su edad avanzada. Con estas nuevas vinculaciones, el caso ‘Blindado’ acumula ya 15 personas naturales y tres empresas procesadas.
Con información de Primicias.
