La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional analiza los informes de la Contraloría General sobre los contratos de las centrales de Salitral, Quevedo y Catamayo, en el marco de la investigación del caso Progen. La subcontralora Gabriela Sulca informó que los exámenes especiales derivaron en sanciones administrativas para 22 personas.
Según la funcionaria, hay nueve informes en estudio con posibles indicios de responsabilidad penal y se realizan 49 exámenes al patrimonio de funcionarios vinculados al caso, de los cuales ocho ya están concluidos. Sobre el contrato de la central Catamayo, la Contraloría estableció responsabilidades civiles por USD 69,6 millones en Salitral y Quevedo, y USD 14,4 millones más en la EERSSA por repotenciación y supervisión, para un total de USD 84 millones.
Sulca explicó que las responsabilidades recaen sobre «administradores de contrato, directores de las unidades de negocio y las personas involucradas en el ámbito financiero». Entre las irregularidades identificadas figuran la falta de acreditación de capacidad técnica de Progen, la omisión de inspecciones previas a los pagos, inconsistencias en las pólizas de garantía y pagos indebidos de viáticos.
La Comisión ha recibido comparecencias del SRI y la Superintendencia de Compañías, entre otras instituciones. El plazo para la entrega del informe final concluye el viernes 28 de agosto.
Con información de Ecuavisa.
