La Asamblea Nacional aprobó el 9 de septiembre un paquete de reformas a varios cuerpos legales para impulsar la educación ambiental y el desarrollo sostenible, que crea una nueva materia para ser impartida en colegios y universidades. La propuesta alcanzó 87 votos de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados independientes, a los que se unieron algunos legisladores del Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik.
La exministra del Ambiente y actual asambleísta de ADN, Sade Fritschi, fue la ponente del proyecto y resaltó la importancia de elevar los temas ambientales a materias que se impartan en las aulas, modificando la malla curricular. Aseguró además que las reformas, que otorgan nuevas funciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), no implican nuevos gastos dentro del Presupuesto General del Estado ni la creación de estructuras paralelas para su funcionamiento.
El correísmo cuestionó el fondo de la propuesta. El asambleísta Franklin Samaniego, de Revolución Ciudadana, dijo que nadie puede oponerse a la conservación del medio ambiente ni a la lucha contra el cambio climático, pero advirtió que la reforma corre el riesgo de terminar archivada por «inaplicable», al cargar una nueva materia al sistema educativo en medio de una crisis marcada por la deserción escolar, la falta de infraestructura y el presupuesto insuficiente. Según ese bloque, el proyecto asigna nuevas competencias y responsabilidades al sistema educativo y a prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales sin entregarles presupuesto adicional. Desde ADN, la presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Camila León, rechazó esa lectura y defendió la viabilidad de la reforma.
La propuesta aprobada plantea la implementación «obligatoria y transversal» de una materia denominada Educación para el Desarrollo Sostenible, que se incluirá en el perfil de salida del bachiller ecuatoriano y continuará impartiéndose en las universidades, especialmente en los primeros años de formación de profesionales de la educación. Los organismos que regulan la educación secundaria y superior deberán garantizar, junto al Ministerio del Ambiente y Energía, la formación continua de los educadores en desarrollo sostenible. El documento también dispone que prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales asuman la responsabilidad de promover programas de educación ambiental en el ámbito de sus competencias, coordinados con otros Gobiernos Autónomos Descentralizados. El proyecto será enviado al presidente Daniel Noboa, quien podrá vetarlo o sancionarlo para su publicación en el Registro Oficial.
Con información de Primicias.
