Horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizara en Ecuador, el Gobierno de Donald Trump publicó una lista de siete exfuncionarios ecuatorianos que no podrán ingresar al país norteamericano. En su página web, el Departamento de Estado explica que su decisión obedece a que los siete exfuncionarios participaron «en actos de corrupción significativa vinculados a Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por la Administración Trump en 2025», y agrega que «estas medidas hacen que los siete individuos y sus familiares directos sean, por norma general, inelegibles para ingresar a Estados Unidos».
La lista incluye a Pablo Ramírez, exdirector de la autoridad penitenciaria, procesado por el caso Metástasis; Wilman Terán, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, sentenciado en el caso Metástasis; Ronaldo Guerrero, exjuez penal del Consejo de la Judicatura, procesado por el caso Metástasis; Pablo Muentes, exasambleísta, condenado en el caso Purga; Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, en la cárcel por el caso Purga; Johann Medina, exjuez penal de la Corte Provincial del Guayas, relacionado con los casos Purga y Metástasis; y Mayra Salazar, exfuncionaria de relaciones públicas de la Corte Provincial del Guayas, sentenciada en el caso Metástasis.
Con relación a Ramírez, Terán y Guerrero, el gobierno estadounidense sostiene que abusaron de sus antiguos cargos gubernamentales al aceptar sobornos de bandas vinculadas a organizaciones narcoterroristas. «A cambio de dichos sobornos, estos funcionarios interfirieron en procesos judiciales, electorales o públicos en favor de bandas ecuatorianas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Choneros y Los Lobos», dice la entidad estadounidense.
En el caso de Muentes, Gallardo, Medina y Salazar, el Departamento de Estado asegura que «interfirieron en procesos judiciales para beneficiar a organizaciones narcoterroristas como Los Choneros y el Cartel de Sinaloa, así como a sus facilitadores criminales». Finalmente, insiste en que «las acciones de estos exfuncionarios ecuatorianos constituyeron actos de corrupción significativa y tuvieron graves efectos adversos para la seguridad de Estados Unidos, al alimentar el narcotráfico y perjudicar a las comunidades estadounidenses».
Con información de Primicias.
