Al menos ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas han sido atacadas o hundidas en altamar durante lo que va de 2026, una cifra que reabrió el debate sobre la seguridad de los tripulantes y sobre los antecedentes históricos de este tipo de sucesos en aguas del océano Pacífico.
El fenómeno no es reciente. Entre 2001 y 2009, mientras Ecuador albergaba la Base de Manta —cedida a Estados Unidos para labores antinarcóticos—, se contabilizaron ataques o hundimientos que involucraron a 36 embarcaciones ecuatorianas. Uno de los episodios más recordados es el del barco Jorge IV, cuyos 18 tripulantes permanecen desaparecidos desde 2002 sin que la justicia haya logrado esclarecer lo ocurrido.
A ese caso se suma el de la embarcación Conquista II, por el que las familias de los desaparecidos llegaron a presentar un recurso de hábeas corpus ante organismos de derechos humanos, en su intento por obtener información oficial sobre el paradero de los pescadores.
El asunto volvió a cobrar fuerza a raíz del testimonio de María Urgiles, esposa de Luis Quijije, uno de los tripulantes que sigue sin aparecer tras uno de los ataques recientes contra barcos ecuatorianos en altamar. Urgiles describió la incertidumbre que atraviesa su familia mientras aguarda una respuesta oficial, un relato que resume el drama que, por años, han enfrentado numerosas familias de pescadores en circunstancias similares.
Los antecedentes vinculados a la Base de Manta evidencian que no se trata de un hecho aislado, sino de una problemática recurrente asociada tanto a la presencia de operaciones militares extranjeras como a la actividad pesquera en una de las zonas más sensibles del Pacífico oriental, donde la falta de esclarecimiento judicial de los casos anteriores continúa pesando sobre las familias de quienes permanecen desaparecidos.
Con información de Ecuavisa.
