La Asamblea Nacional remitió el 7 de septiembre al presidente Daniel Noboa el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, aprobado en el pleno el pasado 3 de septiembre con 87 votos a favor. A partir de la recepción del texto, el Ejecutivo cuenta con un plazo máximo de 30 días para vetarlo total o parcialmente, o para sancionarlo y ordenar su publicación en el Registro Oficial, momento en el cual la norma entraría en vigencia.
La iniciativa fue impulsada por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), por lo que se prevé que sea acogida por el Gobierno sin mayores contratiempos, aunque en el debate legislativo algunos asambleístas, entre ellos Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, alertaron sobre posibles errores de forma que podrían derivar en observaciones presidenciales.
Entre los aspectos que más discusión generaron figuran los nuevos mecanismos para regular a las plataformas de delivery, las normas sobre la circulación de scooters y motos eléctricas, y la facultad que se otorga a la autoridad nacional de tránsito para suspender las competencias delegadas a los municipios cuando se detecten irregularidades en su gestión.
Uno de los cambios más comentados tiene que ver con la emisión de licencias de conducir: estas seguirán siendo competencia de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pero también podrán ser entregadas por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a través de un convenio de cooperación interinstitucional. Para ello, la Asamblea fijó un plazo de 180 días en el que ambas entidades deberán coordinar la interoperabilidad de sus sistemas, compartir bases de datos y eliminar la duplicidad de trámites; el documento se podrá emitir en formato físico o digital y seguirá siendo de porte obligatorio.
La reforma habilita además que las operadoras de transporte público interprovincial e intraprovincial de pasajeros presten, de manera complementaria, servicios de encomiendas y entregas puerta a puerta dentro de su zona autorizada, siempre que utilicen vehículos eléctricos o híbridos y cuenten con el aval de la Agencia de Control de Tránsito. También se establece la obligación de usar sistemas de retención infantil homologados para el traslado de niños en vehículos particulares, una medida que, según cifras citadas durante el debate, puede reducir hasta en 75 % las muertes de menores en accidentes de tránsito.
Con información de Primicias.
