La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional prevé tener listo, hacia mediados de septiembre, un primer borrador del informe sobre la fiscalización a los patrimonios de alcaldes y prefectos de Ecuador. La investigación había sido anunciada desde el 8 de julio, pero no fue sino hasta el jueves 3 de septiembre cuando los miembros de la mesa conocieron formalmente la hoja de ruta que seguirá el proceso.
El plan contempla, en una primera etapa, recibir en comparecencia a la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Compañías, la Unidad de Análisis Financiero y los registradores públicos, entre otras instituciones, para conocer los métodos empleados en la detección de incrementos patrimoniales no justificados. La fiscalización se originó luego de que, en junio de 2026, una alianza periodística de investigación difundiera que un tercio de los alcaldes y prefectos del país registró saltos patrimoniales durante su gestión, de acuerdo con información de la propia Contraloría. En total se identificaron 79 casos de autoridades locales cuyo patrimonio no guarda relación con los ingresos declarados, lo que llevó al Pleno de la Asamblea a ordenar, el 23 de junio, el inicio de una revisión que ahora cubrirá a 224 alcaldes y 23 prefectos.
Diego Flores, asesor jurídico de la Comisión, adelantó que la información que ya maneja la Asamblea es contundente: «hay alcaldías y prefecturas que ni ahorrando todo lo que perciben mensualmente lograrían justificar el patrimonio generado en su administración», afirmó.
Una vez presentado el cronograma de trabajo, la Comisión recibió al subcontralor general del Estado en una sesión que terminó declarándose reservada, a pedido de la propia Contraloría, según anunció el presidente de la mesa, el asambleísta independiente Cristian Benavides. La decisión generó el reclamo del legislador Xavier Lasso, de la Revolución Ciudadana, quien recordó que la Ley de la Función Legislativa solo permite declarar en reserva las sesiones en casos excepcionales, como aquellos que comprometan la seguridad nacional, un supuesto que, a su juicio, no se ajusta a una investigación sobre patrimonios de autoridades locales.
Pese a la objeción, la mayoría oficialista que controla la Comisión de Gobiernos Autónomos impuso su posición en la votación, por lo que la sesión de la tarde del 3 de septiembre se mantuvo en reserva, con la sola participación de funcionarios y legisladores.
Con información de Primicias.
