Los guardias de seguridad privada, como el desaparecido Ricardo Luna, representan el eslabón más vulnerable de las empresas dedicadas a este negocio en Ecuador. Su hermana Betty no deja de preguntarse dónde está y por qué se lo llevaron. El pasado 14 de junio, Luna, de 28 años, zarpó junto a otros cinco compañeros para custodiar una embarcación que recogía camarón en piscinas de una compañía situada en el Golfo de Guayaquil, zona marítima disputada por bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el robo. Ninguno llegó a su destino; uno de los guardias fue hallado luego con un disparo en la cabeza.
Casos como este se repiten en el país, donde empresarios, políticos y otros sectores acomodados recurren a la protección privada ante un Estado rebasado por la criminalidad. Betty, agricultora de 38 años, describe el oficio de guardia como una labor de alto riesgo: «es arriesgar su vida, es no pensar en su familia, no pensar en su madre, no pensar en su hijo». Le indigna que, mientras su hermano protegía a «gente con dinero por necesidad» en condiciones precarias, el negocio de la seguridad privada se expande al ritmo de la violencia: las 1 600 empresas registradas en el sector facturaron más de USD 1 100 millones en 2025, según datos de la Superintendencia de Compañías.
Los guardias desaparecidos se dirigían a una camaronera ubicada en la isla Puná, donde el sector exportador llega a gastar hasta USD 1,5 millones diarios en protección frente a las bandas. En Guayaquil es habitual ver a guardias armados con fusiles frente a restaurantes, centros comerciales e incluso buses escolares, en medio de una ola de violencia que el año pasado elevó la tasa de homicidios a un récord de 51 por cada 100 000 habitantes. El exjefe policial Abraham Correa, hoy dueño de una empresa de seguridad, explica que «ante el auge delictivo, los policías y militares están ocupados y nos necesitan para que seamos sus ojos».
Un guardia de seguridad gana en Ecuador entre USD 400 y USD 900 mensuales, una cifra que en algunos casos queda incluso por debajo del salario mínimo, que ronda los 480 dólares. Luis Villa, quien desde hace 20 años cuida urbanizaciones en Guayaquil, resume así la dureza del trabajo: «Es muy duro porque trabajamos de pie y arriesgamos la vida por muy poco». La empresa para la que trabajaban los guardias desaparecidos es una de las más grandes del sector en el país y, según se indicó, sus ganancias se duplicaron en el último año.
La investigadora Carla Álvarez advierte que el crecimiento de este sector económico responde a «la incapacidad del Estado para proveer seguridad», pero también alerta sobre su uso como fachada para el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales. En esa línea, Correa sostiene que «hay compañías que han sido creadas por organizaciones criminales para blindarse o importar armas; y los guardias, por dinero, les sirven». Las autoridades señalan que ninguno de los guardias desaparecidos registraba antecedentes penales. Con información de Agencia AFP.
