La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) participa como acusadora particular en el Caso Jaque y pide que se le reconozca la reparación económica por el presunto daño patrimonial causado por una red de corrupción integrada por 16 procesados, la mayoría de ellos exfuncionarios de la propia institución.
Según consta en el expediente judicial, Luis Villacrés, director de la ANT, presentó informes en mayo y junio de 2026 en los que pidió al juez que se incluya a la entidad como acusadora y se la reconozca como «víctima» de una estructura que, según la denuncia, cobraba valores económicos a los ciudadanos para agilizar trámites de matriculación vehicular, obtención de licencias y otros servicios. La ANT sostiene que la red habría funcionado a partir del uso indebido de cargos públicos, accesos institucionales, manejo de información administrativa y coordinación con terceros y tramitadores externos. De acuerdo con la denuncia, distintas personas cobraban alrededor de USD 250 por gestionar trámites irregulares, sin turnos ni el cumplimiento de los procedimientos ordinarios.
El Caso Jaque salió a la luz tras varios allanamientos realizados el 30 de enero de 2026, luego de que una fuente reservada entregara los apodos y números telefónicos que usaba la red: «Charly», «Kike», «Alejo», «Dama», «Profesor», «Mica», «Cholo», «Bola» y «Rosa». Algunos de esos alias pertenecían a funcionarios públicos y otros a tramitadores externos que actuaban de manera coordinada dentro y fuera de las oficinas de la ANT. El proceso judicial vinculó inicialmente a 10 personas el 30 de enero, y a seis más el 6 de mayo de 2026; en total hay 13 personas detenidas.
Entre los procesados figuran servidores públicos que ocupaban cargos de alta dirección y administración dentro de la institución, así como jefes de agencias y personal operativo vinculado a la emisión de licencias de conducir. Entre ellos hay quienes se desempeñaron como director ejecutivo, director provincial de Pichincha, jefes de las agencias de Cayambe y Machachi, y técnicos del área de Emisión de Licencias. Las interceptaciones telefónicas incorporadas al expediente dan cuenta de la magnitud de la operación: en algunas conversaciones se menciona la realización coordinada de aproximadamente «50 o 60 trámites» entre los distintos integrantes de la red.
La ANT detalla varios elementos que, a su criterio, configuran la afectación patrimonial provocada por la estructura: el uso irregular de usuarios institucionales, turnos y accesos informáticos; el empleo de materiales destinados a la emisión regular de licencias, como el plástico PVC y las cintas de impresión; el uso de suministros tecnológicos y equipos adquiridos mediante contratación pública; el aprovechamiento no autorizado de tiempo laboral y recursos humanos; y, en general, el menoscabo de bienes públicos.
El juez José Cornejo aceptó los argumentos de la ANT y validó su condición de «víctima» dentro del proceso. La reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio quedó fijada para el 16 de septiembre, de manera telemática. En esa misma fecha y hora se reinstalará también la audiencia en la que ocho de los procesados piden la revocatoria de la prisión preventiva que enfrentan desde el día de los allanamientos, entre ellos el exdirector de la ANT, Pedro Abril, y otros exfuncionarios.
Con información de Primicias.
