En el recinto La Unión, ubicado en el cantón Las Naves en la provincia de Bolívar, se registró enfrentamientos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra pobladores del sector e integrantes de grupos antimineros la mañana de este miércoles, 24 de julio de 2025.
En un comunicado del Frente Nacional Antiminero se indica que el operativo fue ejecutado por más de 500 uniformados. El objetivo fue permitir el ingreso de maquinaria pesada perteneciente al proyecto minero Curipamba – El Domo, operado por la empresa canadiense Curimining.
En el documento publicado en las redes sociales se indica que supuestamente el operativo se realizó de manera violenta, dejando como resultado dos personas heridas. Una mujer habría recibido un supuesto disparo en el hombro, mientras que un joven de 20 años presentó una herida profunda y contusión a nivel del cráneo, “atribuida al impacto de un objeto contundente. Este último habría requerido al menos 20 puntos de sutura, según los primeros reportes médicos emitidos desde el territorio”.
Las comunidades del recinto La Unión y de sectores aledaños, como Voluntad de Dios, Congreso, Pasaje 1 y Pasaje 2, habían mantenido por más de un mes una jornada de resistencia pacífica, con bloqueos en los caminos vecinales para impedir el paso de maquinaria y personal vinculado al proyecto minero. Su demanda principal radica en el rechazo al modelo de minería a cielo abierto que, según manifiestan, compromete directamente sus fuentes de agua, afecta la economía local basada en la agricultura, ganadería y turismo, y genera impactos ambientales de gran escala en la cuenca alta del río Guayas.
“El ingreso forzado de maquinaria minera bajo resguardo militar no solo es un acto de violencia, sino una violación directa a nuestros derechos colectivos y constitucionales. Nunca se nos consultó, nunca nos dieron voz. Hoy responden con represión”, indicó uno de los líderes comunitarios en declaraciones ante medios independientes que cubrían la jornada.
En la zona, la presencia militar fue calificada por las organizaciones como un despliegue “de ocupación”, con uso de gases lacrimógenos y fuerza física para dispersar a los manifestantes. Las imágenes captadas por pobladores evidencian el avance de convoyes militares acompañando retroexcavadoras, plataformas y vehículos pesados, mientras se observan escenas de confrontación y desalojo.
Las comunidades y sus representantes han responsabilizado al Gobierno Nacional de lo que califican como una “represión sistemática para favorecer intereses privados”, alertando además sobre el riesgo inminente que representa esta actividad minera para las fuentes hídricas compartidas por las provincias de Los Ríos, Bolívar y Guayas. Las aguas que descienden desde esta zona alimentan ríos y afluentes que sostienen ecosistemas rurales y urbanos donde habitan cientos de miles de personas.
